Después de cuatro años de devastadoras políticas anti inmigrantes, los inmigrantes y sus familias tienen una razón para sentir esperanza bajo la administración de Biden. Uno de los más prometedores avances es la restauración de un proceso para aplicar a la discreción fiscal (“PD”) 

PD se refiere a que los oficiales de inmigración podrían usar su propio juicio, basado en un criterio establecido, y decidir si el proceso de deportación de la corte en contra de dicha persona debe ser: comenzado, continuado o cerrado, o detenido en caso de que esté violando las leyes migratorias, o no deportar a alguien al cual se le ha sido ordenada su expulsión de EE.UU. debido a razones humanitarias. La PD existe debido a que los recursos gubernamentales deberían estar enfocados en casos de deportación de prioritaria (expulsión de criminales con imputaciones serias los cuales no sean ciudadanos) y la no expulsión (permanencia) por un periodo de tiempo largo a aquellos que se encuentren habilitados como residentes de acuerdo a la ley de EE.UU. PD también se reflejan prioridades positivas en nuestro sistema de inmigración, tales como: reunir familias y ayudar personas con necesidades medicas urgentes o que hayan sido abusadas. Esta publicación analizará la PD en el contexto de la expulsión según la corte de inmigración.

Históricamente las autoridades de inmigración han estado ejerciendo la PD por razones humanitarias, por ejemplo: Dar asilo temporal libre de deportación y autorización de empleo a personas quienes se encuentren recibiendo tratamiento de por vida debido a una condición médica. Sin embargo, a principios de 1990 cuando nuestras leyes de inmigración se volvieron mas fuertes y enfocadas en la deportación de aquellos quienes ni siquiera enfrentaban una condena penal menor, La PD se volvió más difícil de buscar y obtener. Bajo la administración de Trump el departamento de seguridad del estado se enfoco mas la aplicación total y alejo todo aspecto humanitario de la política de inmigración. A través de una serie de directivas políticas derivadas del DHS directivos políticos y el fiscal general de gobierno decidieron que el ejercicio de la PD beneficiaría a largo plazo a los inmigrantes.

Con la reciente administración de Biden este año la PD ha dado un vuelco de renacimiento finalmente. Los abogados DHS están siendo instruidos para el apropiado ejercicio de la PD en casos de expulsión. Existe un sistema de aplicación para la PD en esta instancia, permitiendo que aquellos quienes tengan un caso activo en la Corte de Inmigración pueda solicitar de manera positiva que dicho caso continúe (posponga), sea cerrado, sea desestimado o se vuelva a reabrir (en que caso de que haya habido una orden deportación en el pasado). En esta particular instancia se precisa necesario ganar el mayor tiempo necesario para lograr ser beneficiado con la petición de un miembro de la familia u otra solicitud activa o pendiente o en caso de reapertura para una orden de deportación con el fin de solicitar otra oportunidad de mitigación basados en un cambio de circunstancias.

Dichas solicitudes deben estar respaldadas por todos y cada uno de los factores discrecionales que sean relevantes: Los factores positivos incluyen evidencia del tiempo de residencia en EE.UU., servicios prestados para el ejército de EE.UU. (del aplicante o de un miembro de la familia que lo haya hecho), lazos familiares y comunitarios establecidos en EE.UU., previos antecedentes migratorios, antecedentes laborales y educativos pertenecientes a EE.UU., factores humanitarios importantes o relevantes que podrían afectar a la persona o un familiar directo (incluyendo afecciones medicas de gravidez, vejez o en caso de ser menor de edad y embarazo). Factores con influencia adversa pueden incluir cualquier actividad delictiva y violación a leyes migratorias, las cuales deben ser revelados y contextualizados mediante evidencia de rehabilitación de los mismos, así como las situaciones atenuantes y el tiempo transcurrido desde el acontecimiento de los hechos o conducta.

La DP es importante ya que termina o retrasa la amenaza de deportación inmediata y puede permitir la oportunidad de obtener el estatus de residente permanente. Aunque la DP por sí misma no otorga el estatus legal permanente, en muchos casos podría desempeñar una parte crucial de la estrategia para la obtención del estatus legal a futuro. Dicha solicitud debe presentarse de manera completa y con los debidos cuidados, ya que esta puede convertirse en una única oportunidad de transformar una orden o amenaza de expulsión en una posible residencia permanente.