Imagines recientes de afganos siendo evacuados hacia los Estados Unidos y recibidos en aeropuertos americanos, también de haitianos en la frontera Estados Unidos – México siendo golpeado por Agentes de la Patrulla Fronteriza yendo a caballo para bloquearlos e impedirles buscar asilo en los Estados unidos, han creado interrogantes acerca de las políticas y leyes de EE.UU. con respecto a los refugiados y los solicitantes de asilo. ¿Por qué diferentes grupos de personas escapando del peligro en sus respectivos países son tratados de forma diferente? ¿Es legal deportar sumariamente a los solicitantes de asilo haitianos de vuelta a Haití sin darles la oportunidad de presentar sus solicitudes? Esta publicación analizará la ley de asilo, específicamente la política estadounidense hacia los solicitantes de asilo en la frontera sur, mientras que una segunda publicación analizará las admisiones de refugiados y las “visas especiales de inmigrantes” para ciertos afganos. 

Nuestro sistema para protección de refugiados está basado en la Convención de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.  Estos tratados post – Segunda Guerra Mundial define a los “refugiados” como personas fuera de sus países que necesitan protección debido a un bien fundamentado temor de persecución a consecuencia de raza, religión, nacionalidad, membrecía de un grupo social en particular o de su opinión política. La ley de Estados Unidos incorpora esta definición de refugiado y establece explícitamente (en la sección 208 de la Ley de inmigración y nacionalidad): “Cualquier extranjero que esté físicamente presente en los Estados Unidos (ya sea en un puerto de llegada designado o no) …independientemente del estatus legal de dicho extranjero, pueden solicitar asilo…” Por lo tanto, a pesar de lo que a veces se informa en los medios de comunicación, es completamente legal que las personas que llegan a la frontera de los EE.UU. soliciten protección de asilo allí, y amparado por la ley, su derecho a solicitar asilo no depende de si tienen una visa u otra autorización previa para ingresar a los EE.UU.

En marzo de 2020, justo después del estallido de la pandemia de COVID, la administración Trump utilizó una ley oscura para expulsar a los solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México con el pretexto de que representarían un peligro para la salud pública. Muchos consideran que esta orden, bajo el Título 42 del Código de EE.UU. fomentaba el objetivo de poner fin a la protección de asilo en los EE.UU. (Una anterior política de la administración de Trump, llamada “Permanece en México” forzaba a muchos solicitantes de asilo que llegaban a la frontera entre los EE.UU. y México a regresar a México para esperar su audiencia de asilo en la Corte de Inmigración de lo EE.UU.) La administración de Biden ha continuado expulsando a los solicitantes de asilo bajo el Titulo 42. Recientemente dos mil haitianos han sido deportados a Haití desde la frontera y un número mucho mayor ha sido devuelto a México.        

Esta política viola la ley de los EE.UU.  y nuestras obligaciones con los tratados internacionales que prohíben el regreso de los refugiados a un país donde enfrentan serias amenazas a su vida o libertad. Conocido como “no devolución” este es el principio fundamental de la ley de refugiados. El gobierno de los EE.UU. sabe que a los que están expulsando a Haití les esperan serias amenazas a la vida y la libertad. En agosto de 2021, se extendió para los haitianos que vivían en los EE.UU. el Estatus de Protección Temporal (TPS). En ese momento, al anunciar el TPS, el gobierno escribió: “Haití está lidiando con una crisis política deteriorante, violencia y un aumento asombroso de abusos contra los derechos humanos”.

El 16 de septiembre, un juez federal determinó que las leyes de salud pública del Título 42 no autorizan la expulsión de migrantes. Este juez dictó una orden judicial bloqueando la política contra las familias migrantes; los adultos solteros no son afectados. La ejecución de la orden del juez fue retrasada 14 días y el gobierno apeló la decisión. Por lo tanto, no está claro si continuarán las expulsiones bajo el Título 42 y por cuanto tiempo, y esta negación ilegal del derecho a solicitar asilo.